Opinión pública defiende anonimato

Febrero
2011

Tal como lo había anticipado la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), la mayor parte de la ciudadanía está en contra de proporcionar su identificación completa, como lo había planteado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): sólo el 12% de entrevistados dio su nombre completo y DNI en una encuesta efectuada por Ipsos APOYO en Lima Metropolitana. Asimismo, la mayoría de los entrevistados expresó compartir los temores sobre el uso inescrupuloso de sus datos personales así como hacia el acceso de los partidos políticos y el gobierno a sus respuestas a una encuesta de opinión. En tal sentido, tres de cada cuatro ciudadanos manifestó su acuerdo con la posición de las compañías encuestadoras de dejar de difundir encuestas en esas condiciones y cuatro de cada cinco aprobó la decisión del JNE de dejar sin efecto la medida.

Como se sabe, algunos políticos han expresado en diversas oportunidades su desconfianza en los resultados de las encuestas. Esto ocurre en todas partes del mundo. En el Perú, el JNE efectúa ya una fiscalización estricta de la metodología y bases de datos de las encuestas de intención de voto. Sin embargo, en ninguna democracia se interviene en el trabajo interno de las empresas encuestadoras ni se pide los nombres y direcciones de los encuestados. De manera similar a lo que ocurre con los medios de comunicación, la mayor o menor confianza de la opinión pública en las diferentes encuestadoras se sustenta en su prestigio profesional y ético, no en que sean supervisadas por una entidad estatal. (Alfredo Torres G.)

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