El insulto no paga

Enero
2015

El locuaz ministro del Interior, Daniel Urresti, sigue siendo el político más popular del gobierno pero sus excesos ya empiezan a pasarle factura. Su aprobación cayó de 46 a 41% y su desaprobación se incrementó de 39 a 49%. Si bien sólo la mitad de la opinión pública está al tanto de sus agresivos tuis contra políticos de oposición y periodistas, entre aquellos que están informados, el 71% considera que ninguna autoridad tiene derecho a insultar a otros ciudadanos y el 70% que las expresiones de Urresti son inaceptables. En el otro extremo, el 24% cree que los insultos son parte de la política, aunque cabe apuntar que esta constatación empírica es más propia de las campañas electorales que de la manera cómo se relacionan la autoridades en una democracia en que deben forjarse consensos en beneficio del conjunto de la sociedad.

Una interpretación de la belicosa incontinencia verbal de Urresti es que ha tenido por propósito distraer del escandolosa fuga de Martín Belaúnde Lossio (MBL) a Bolivia. Si así fuese, el resultado no se habría conseguido. La población informada del caso MBL ha subido de 38 a 59%, la mayoría de los informados cree que su salida a Bolivia fue coordinada entre los presidentes Ollanta Humala y Evo Morales y que las razones por las cuales el gobierno estaría protegiéndolo son que este tendría información comprometedora sobre los aportes que recibió Humala para sus campañas presidenciales o sobre actos de corrupción que involucran a las más altas autoridades del gobierno actual.

En este enrarecido ambiente, la ley del empleo juvenil, que tenía 48% de aprobación en diciembre, cuenta ahora con el respaldo de sólo el 21% de la opinión pública. Y si bien el 54% cree que promoverá la contratación de jóvenes y el 43% el acceso a mayor capacitación, la mayor parte de la ciudadanía piensa que esta ley debe ser modificada. Como se sabe, la ley ha suscitado el rechazo de una serie de colectivos universitarios y ha generado marchas de protesta que, si bien no son multitudinarias, sí están permitiendo galvanizar un sentimiento de oposición al régimen. Si el gobierno hubiese tenido un espíritu más concertador y menos confrontacional, es posible que el resultado hubiese sido diferente.

En ese contexto, la aprobación a la gestión presidencial muestra una ligera caída. En diciembre registró 30% en la encuesta urbana-rural, lo que se descomponía en 27% en la población urbana y 45% en la rural. Ahora registra 25% en la encuesta que es de ámbito urbano. La caída no es significativa pero el alto nivel de desaprobación que tiene el Presidente en una y otra encuesta (64 y 70%, respectivamente) presenta a un gobierno muy débil cuando todavía faltan 15 meses para las próximas elecciones.
 
(Alfredo Torres G.)

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