La violencia, Conga y la Policía Nacional

Julio
2012

El presidente Ollanta Humala concluye su primer año de gestión con 40% de aprobación y 51% de desaprobación. La evaluación es desfavorable, aunque sin llegar a ser tan negativa como la que tuvieron sus predecesores al culminar un periodo similar: Alejandro Toledo tenía 18% de aprobación y 76% de desaprobación y Alan García 32% de aprobación y 64% de desaprobación.

En el caso de Humala, el conflicto de Conga es el factor que más viene pesando en el deterioro de su imagen. La opinión pública critica el entrampamiento del conflicto y lamenta los hechos de violencia que se han presentado. La dificultad para el gobierno estriba en que no existe un amplio consenso sobre la salida al entrampamiento. Si bien la mayoría cree que se debe seguir adelante con el proyecto (56%), quienes creen que debe cancelarse son una proporción no deleznable (35%). El apoyo a Conga es mayor en Lima, pero en el interior las opiniones están más divididas.

Con respecto a las muertes ocurridas en las protestas de Cajamarca, también se observa cierta división en la opinión pública. Para el 47% (sobre todo en Lima) los responsables fueron los manifestantes que atacaron la Municipalidad de Celendín mientras que para el 40% (sobre todo en provincias) los responsables fueron las fuerzas policiales y militares. Lo que ocurre es que si bien la gran mayoría demanda orden, espera que se actúe con profesionalismo para capturar a los revoltosos y evitar pérdidas de vidas.

La demanda de orden se aprecia con claridad cuando se pregunta sobre cuándo debe usar la fuerza la policía: Más del 70% considera que debe emplearla para impedir los bloqueos de carreteras y los atentados contra la propiedad privada y pública. En ese contexto, no sorprende que más de la mitad de la población considere que un presidente regional que participe en una protesta que obstaculice las vías de comunicación pueda ser vacado. El caso del presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos es especialmente crítico porque es percibido como el principal instigador de los hechos de violencia en su región.

Como era de esperarse, la mayor parte de la ciudadanía aprueba las designaciones de Monseñor Miguel Cebrejos y el Padre Gastón Garatea como facilitadores del diálogo en Cajamarca. Sin embargo, las opiniones están divididas sobre sus perspectivas de éxito. Dos preocupaciones de la población que deberán evaluar los facilitadores son la existencia de grupos extremistas detrás de las protestas y la perspectiva de que ingresen mineros informales a la zona, si se paraliza la inversión privada formal.

El gobierno culmina su primer año con un crecimiento económico sano y diversos logros que son apreciados por la población como la creación de los programas Pensión 65 y Beca 18 así como el incremento del Salario Mínimo Vital. Pero también con dos pasivos preocupantes: los conflictos sociales y la actividad narcoterrorista. Ambos problemas frenan el desarrollo y cobran vidas humanas. Está claro que la Policía Nacional debe ser reformada y reforzada para poder cumplir con sus responsabilidades en estos dos frentes así como en lo que es el mayor problema del país en la percepción popular: la delincuencia común. Es de esperarse que en el mensaje del 28 de Julio el Presidente aborde esta tarea pendiente.
(Alfredo Torres G.)

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