El desafío de la seguridad integral

Mayo
2012

El cambio de los ministros del Interior y de Defensa puede haber amortiguado lo que, de otro modo, habría sido una caída mas significativa en la aprobación presidencial ya que si bien el 51% aprueba la gestión en general (5 puntos menos que en abril), solo uno de cada tres aprueba su desempeño en el VRAE y para un abrumador 79% resulta necesario priorizar de inmediato la lucha contra el narcoterrorismo.

Un aspecto critico en este campo es la preocupación ciudadana por la corrupción en las Fuerzas Armadas y Policiales. Es considerada, junto con realizar más inteligencia y emplear tecnología más avanzada, como una de las estrategias fundamentales para derrotar a los remanentes de Sendero Luminoso.

En realidad, 4 de los 5 principales problemas del país en la percepción de la opinión pública están vinculados a los campos de Defensa e Interior: delincuencia, corrupción, narcotráfico y terrorismo.

Como se recordara, entre las principales razones de voto por Ollanta Humala en el 2011 estuvieron la delincuencia y la corrupción. En ese momento, la percepción de gravedad del narcotráfico y el terrorismo como problemas del país era menor. El narcotráfico era mencionado por el 17% y el terrorismo apenas por el 5%. Ahora, ambos han saltado a 24% y 23%, respectivamente.

Si algo ha quedado claro al 81% de la opinión pública, luego de las lamentables muertes de militares y policías en los operativos de lucha anti subversiva en el VRAE y la Concepción, así como de las arrogantes declaraciones del senderista "Gabriel" a la prensa, es que las Fuerzas del Orden no están preparadas para enfrentar la amenaza conjunta del narcotráfico y el terrorismo. Los cambios ministeriales no han generado mayor expectativa de mejores resultados y, por el contrario, la mayoría reclama también el remplazo del Primer Ministro Óscar Valdés, a pesar de los pocos meses que lleva en el cargo.

Precisamente el Premier Valdés deberá enfrentar pronto la paralización que se viene organizando en Cajamarca en contra del valioso proyecto minero Conga. La situación es compleja porque la opinión pública está dividida sobre la conveniencia del proyecto minero y dos de cada cinco personas ven con simpatía la protesta. Al mismo tiempo, sin embargo, dos de cada tres está en contra de que los manifestantes impidan el libre tránsito y podrían demandar a las autoridades que lo abran, con el consiguiente riesgo de víctimas mortales en ese proceso.

La solución a los recientes bloqueos de carreteras en el norte y sur del Perú llevados a cabo por los mineros informales y resueltas por el gobierno brindando facilidades para su formalización tampoco ha sido bien recibida por la opinión pública que estima que el gobierno ha sido demasiado concesivo con ellos y que, además, no logrará su propósito de formalizarlos.

En conclusión, resulta cada vez más claro que el gobierno no podrá avanzar mucho en sus objetivos de crecimiento económico e inclusión social si no resuelve el desafío de la seguridad con un enfoque integral que le permita al Estado ejercer su autoridad en todo el territorio nacional.

(Alfredo Torres G.)

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