Popularidad presidencial, desprestigio parlamentario y revocatoria

Enero
2013

El presidente Ollanta Humala culmina sus primeros 18 meses de gestión con una aprobación popular de 53%, elevada para los estándares nacionales. Es probable que la acertada política económica, la destacada actuación de la delegación peruana en La Haya y la ausencia de grandes conflictos sociales y de escándalos de corrupción sean factores que hayan coadyuvado al incremento de su aprobación de los últimos meses.   Sin embargo, el factor diferencial con sus predecesores parece estar en que el Presidente y su esposa han logrado trasmitir a la población que el foco principal de sus preocupaciones sigue siendo mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Eso se desprende claramente de las respuestas a la pregunta de razones de aprobación: los programas sociales, la percepción de cambio y de esfuerzo por la educación son las más mencionadas.   Entre quienes desaprueban la gestión presidencial, la respuesta más señalada es que no cumple lo que promete / es mentiroso. Para efectos comparativos con mediciones anteriores cabe precisar que el texto de la opción de respuesta ha sido modificado para incluir expresamente la percepción de incumplimiento de promesas que anteriormente sólo recogía indirectamente la calificación de mentiroso.   Con respecto al Congreso de la República, es evidente que pasa por su peor momento, luego del abortado intento de incrementar los ingresos de sus integrantes. La buena noticia es que, a pesar de ello, la mayor parte de la ciudadanía parece haber asimilado la importancia de la institución parlamentaria para el sistema democrático: dos de cada tres saben que cerrarlo sería inconstitucional y otro tanto desaprobaría un auto golpe, como el que perpetró el ex presidente Alberto Fujimori dos décadas atrás y que, en su momento, contó con gran apoyo popular.   En el ámbito limeño, la gestión de Susana Villarán al frente de la ciudad continúa siendo desaprobada por dos de cada tres ciudadanos y la posibilidad de que la alcaldesa sea revocada el 17 de marzo siguen siendo elevadas. A menos de 60 días del proceso, el 59% de los limeños declara que votará por su revocación mientras sólo el 32% quisiera que continúe en el cargo.   Otro dato relevante es que la mayor parte de la población piensa votar también por la revocación de todos o la mayoría de los regidores. De ocurrir este escenario, la ciudad pasaría a ser gobernada por un conjunto de accesitarios, sin experiencia, mientras se organizan nuevas elecciones y asume el ganador, un proceso que tomaría probablemente todo el 2013.   La posibilidad de que la alcaldesa no sea revocada depende de que logre incrementar la aprobación de su gestión y, en el caso previsible de que esto no sea suficiente, de que consiga persuadir a un sector más amplio de la población de que la ciudad perdería el año hasta que asuma el cargo quien resulte ganador de las elecciones. El electorado peruano suele decidir en las últimas semanas. Será entonces que las campañas por el Sí y por el No deberán desarrollar sus mejores argumentos aunque también se producirá, lamentablemente, un incremento de la guerra sucia.  (Alfredo Torres G.)

* Ficha Técnica - Encuesta Lima - 21 Enero 2013

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