La Pérdida de la Confianza

Mayo
2013

Ipsos Perú
La explicación más plausible de la caída de 51 a 46% en la aprobación del presidente Humala este mes es la merma en la confianza que supuso su interés inicial en la compra de los activos de Repsol, reforzada por su actitud ambigua frente al gobierno de Venezuela.

Ante la pregunta sobre razones de desaprobación, la no generación de confianza sube de 23 a 31%, precedida sólo por las habituales respuestas de incumplimiento de promesas, delincuencia y corrupción.

El impacto ciertamente pudo haber sido mayor si no se desistía de la compra de los activos de Repsol. Gracias a la amplia oposición que suscitó en la comunidad empresarial, los especialistas y la prensa, la mayor parte de la opinión pública informada llegó a la conclusión que la operación habría sido muy negativa para el país. Si el gobierno no hubiese desistido, la caída en la aprobación presidencial podría haber sido más significativa.

La ambigua posición de Humala frente al controvertido régimen venezolano, también habría impactado en su imagen. Especialmente cuando días después de que el gobernante venezolano Nicolás Maduro amenazase al entonces canciller peruano Rafael Roncagliolo ("...ha cometido el error de su vida"), este se retirase del ministerio.

Humala debe tomar nota que tres de cada cuatro peruanos desaprueban el régimen de Maduro y que, por lo tanto, cualquier indicio de que el Perú pudiese seguir algún aspecto del modelo chavista, afectaría no sólo la confianza empresarial sino también el apoyo de la opinión pública.

El rechazo a Maduro se sustenta no sólo en la percepción de que fue elegido con métodos fraudulentos sino también es que es el gobernante más izquierdista de la región, cuando la mayor parte de los peruanos se ubica en el centro político, donde también perciben al presidente Humala.

La actitud de la mayoría de los peruanos hacia el rol del Estado en la economía no es de rechazo absoluto. En el caso de Repsol, por ejemplo, las principales razones de desaprobación al intento de compra fueron la percepción de que era una mala inversión, que se le iba a dar un uso político y que era mejor que el Estado invierta en sectores sociales. Sólo en cuarto lugar aparece el concepto liberal de que el Estado no debe tener empresas donde puede operar mejor la empresa privada.

Para la opinión pública es una cuestión de prioridades. Puestos a escoger donde debe el Estado invertir sus recursos, el 74% señala educación, seguida de salud, seguridad ciudadana, programas sociales e infraestructura. Sólo el 8% menciona empresas estatales.

En otro caso reciente de intervención del Estado en la actividad privada, la ley que restringe la publicidad de alimentos procesados, la opinión pública aparece dividida. El 43% apoya la ley, el 41% cree que es una buena idea pero que la ley necesita ser mejorada y el 12% la rechaza desde la perspectiva que atenta contra la libertad de consumo.

Sin embargo, cuando se pregunta por las categorías de productos que podrían estar afectos a la restricción publicitaria por su alto contenido de grasas, sodio o azúcar, la gran mayoría se ubica en una posición intermedia. Dos de cada tres consideran que la publicidad debe continuar sólo que informando, cuando sea pertinente, que el consumo excesivo de ese producto puede ser dañino para la salud.
(Alfredo Torres).

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