La Haya y las tareas pendientes

Febrero
2014

Como se esperaba, el fallo de la corte de La Haya tuvo un impacto positivo en la aprobación del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, el ulterior aumento salarial a los ministros y otros altos funcionarios públicos habría contraído el impacto inicial. En la encuesta de Ipsos de enero, el 26% de la opinión pública aprobaba la gestión presidencial. Luego de conocerse el fallo, parcialmente favorable al Perú, la aprobación se elevó a alrededor del 40%, según encuestas efectuadas por GfK, Datum y CPI. En esta encuesta la aprobación presidencial es de 33%, siete puntos porcentuales por encima del mes pasado pero por debajo del pico alcanzado inmediatamente después del fallo. La explicación más plausible de esta cifra es que los aumentos a los altos funcionarios han generado una pérdida parcial de lo ganado en La Haya, aunque todavía el apoyo al primer mandatario sigue siendo el mayor desde julio del 2013.

La sentencia de la Haya fue recibida con satisfacción por la ciudadanía debido a que para el 50% fue un resultado equitativo y para el 35% se respaldó mayoritariamente la posición de Perú. Sólo 12% siente que ganó Chile. En concordancia con esa percepción, el 66% aprueba el desempeño del equipo diplomático encabezado por los embajadores Alan Wagner y José Antonio García Belaunde que nos representó ante la Corte Internacional de Justicia. Con respecto a la demarcación futura, las expectativas son moderadas. La mayoría no espera que se logre establecer las coordenadas exactas en marzo, como acordaron los ministros de defensa y de relaciones exteriores de ambos países, pero sí cree que la nueva frontera quedará delimitada en el curso del año.

Concluida la exitosa experiencia de La Haya, la ciudadanía considera que los temas prioritarios para el gobierno deberían ser mejorar la educación, incrementar la seguridad ciudadana, fomentar el crecimiento económico y combatir la corrupción, en ese orden. En los tres primeros casos, la opinión pública piensa que es posible algún grado de consenso entre las diversas fuerzas políticas, como se logró en el tema de la frontera marítima. El Primer Ministro César Villanueva ha declarado en el mismo sentido en una entrevista reciente. Ahora corresponde que pase a los hechos.

En el caso de la lucha contra la corrupción, la opinión pública entiende que el acuerdo político es menos viable y puede ser incluso inconveniente. La mayoría considera que hubo mucha corrupción en los gobiernos anteriores y que hoy es el principal problema de la administración pública. La gran mayoría cree que la probabilidad de sobornar o “coimear” a un funcionario público es muy elevada. Ante la escasa confianza en la Policía y el Poder Judicial, la ciudadanía vuelca su esperanza en la prensa como medio para luchar contra este mal.

Si bien no existe una relación directa entre bajos sueldos públicos y corrupción, es indudable que las bajas remuneraciones alejan del Estado a los profesionales más calificados. En ese sentido, la mayor parte de la opinión pública considera que los sueldos de los altos funcionarios deben ser iguales que en el sector privado (31%) o algo menores (37%) pero no mucho menores. No obstante, la encuesta revela que la mayoría desaprueba el aumento recientemente efectuado en los sueldos de los altos funcionarios, probablemente porque la proporción del ajuste ha sido mucho mayor a las tasas de aumentos que se suelen otorgar en rangos inferiores de la administración pública .

(Alfredo Torres G.)

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