Estado bajo presión

Agosto
2012

La opinión pública considera que el Congreso de la República debe otorgarle un voto de confianza al nuevo gabinete (60%) y apoya el pedido de facultades para reformar el sistema de defensa nacional (56%) y, sobre todo, el proyecto de ley de reforma magisterial (71%). La gran mayoría respalda el aumento a los maestros previa evaluación, apoya el aumento a policías y militares y pide un incremento en el número de efectivos. La percepción de que el Estado cuenta con los recursos para incrementar el gasto en remuneraciones parece ser generalizada.

La huelga magisterial y otras protestas en curso son percibidas como reclamos normales de sectores que quieren mejorar su situación económica o de electores que esperaban que el gobierno de Humala los favoreciera. La actitud comprensiva ante las protestas hace que la mayoría se oponga a los descuentos y despidos de los huelguistas. La ciudadanía apoya los aumentos en la medida en que sean moderados y progresivos.

En este contexto de grandes demandas de gasto, cabe destacar que la gran mayoría valora la inversión minera por su aporte tributario, aunque con discrepancias sobre el destino de la recaudación. Para cerca de la mitad de la población, los recursos que se recauden de la minería deberían destinarse exclusivamente a la región correspondiente. Para la otra mitad, los recursos deben ayudar a cubrir las demandas presupuestales de todo el sector público. Sólo una de cada diez rechaza por completo a la minería por motivos ambientales.

En cambio, las opiniones están divididas en el caso del proyecto minero Conga. Quienes lo apoyan valoran su aporte en empleo, impuestos y obras para la región. A quienes se oponen les preocupa su impacto en la provisión de agua y la contaminación del medio ambiente. Además, dudan de que la empresa cumpla con sus compromisos.

La aprobación a la gestión del presidente Ollanta Humala se mantiene en 40%, aunque con una mayor polarización social. Mientras en el NSE A subió a 54%, en el NSE E cayó a 35%. Es probable que esta caída en el respaldo de los sectores populares tenga que ver con los incrementos de precios de las últimas semanas. A pesar que en términos internacionales la inflación peruana sigue siendo baja, el incremento de diversos precios de alimentos ha llevado a que este factor aparezca este mes como la principal causa de desaprobación de la gestión presidencial.

En el ámbito privado, destaca el rechazo mayoritario de la población informada del conflicto de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) al pedido del Vaticano de que la universidad deje de usar las denominaciones Pontificia y Católica. Al respecto, la mayor parte de entrevistados cree que la motivación de ambas partes es de carácter económico: que la Iglesia quiere administrar los bienes de la universidad y que las actuales autoridades quieren mantener el control. Las opiniones están divididas sobre si las autoridades deberían aceptar o no la posición del Vaticano con respecto al nombre, pero la mayoría cree que si cambia de nombre la universidad logrará conservar su prestigio.
(Alfredo Torres G.)

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