Compasión Popular

Octubre
2012

La enfermedad de Alberto Fujimori es percibida como grave por el 44% de la población. Si se suma el 15% que cree que está en fase terminal, se llega a que tres de cada cinco personas considera que la salud de Fujimori está muy deteriorada. No debe sorprender, entonces, que 62% aprobaría un indulto humanitario mientras 34% estaría en desacuerdo. Cabe señalar que el apoyo al indulto es mayor entre los más pobres y menor en las personas más educadas.
Sin embargo, la división de la opinión pública con respecto al ex presidente es más compleja. De la serie de preguntas formuladas se puede inferir que existen tres grupos con posiciones diferentes. El primero, sería el más pro-Fujimori, compuesto por alrededor de un 40% de la población que considera que el ex presidente hizo más cosas buenas que malas, que ya tuvo suficiente castigo y que debería ser indultado así no esté muy enfermo. En el otro extremo están los anti-fujimoristas, que agrupan a cerca del 30% de la ciudadanía que piensa que su gobierno fue más negativo que positivo, que los excesos cometidos no tienen justificación y que debe continuar en prisión. Entre ambos extremos, otro 30% estima que si bien los excesos cometidos son injustificables, ya tuvo suficiente castigo. La mayor parte de este último grupo preferiría una solución intermedia como el arresto domiciliario pero, en última instancia, la mayoría aprobaría un indulto humanitario.
El presidente Ollanta Humala se enfrenta a la disyuntiva de indultar o no a Alberto Fujimori cuando cuenta con el 40% de aprobación popular, un nivel en el que se mantiene estable desde hace ya 4 meses. A juzgar por el respaldo mayoritario al indulto, de tomar esa decisión es probable que tuviera un impacto positivo en su aprobación. Sin embargo, pasado el impacto inmediato la opinión pública volvería a poner los ojos sobre aquellos temas que afectan su vida cotidiana al juzgar la gestión pública, en particular la economía y la seguridad.
Con respecto a la seguridad, se observa una creciente preocupación ciudadana por el terrorismo. Tres de cada cuatro perciben un rebrote del terrorismo en el país; sólo uno de cada tres aprueba la manera como el gobierno viene enfrentando el problema subversivo; la mayoría cree que el ejército es el responsable de cuidar el gaseoducto de Camisea (cuya vulnerabilidad se ha puesto en evidencia con el ataque a los helicópteros destinados a su mantenimiento); y, la gran mayoría cree que el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso o, simplemente, un grupo terrorista. En consecuencia, propuestas como sancionar con 35 años de cárcel a una persona que financia actos terroristas tienen el respaldo de más del 80% de la población, aunque la evidencia histórica y la experiencia internacional sugieren que el mejor resultado en la lucha contra el terrorismo se obtiene con mejor labor de inteligencia y superioridad tecnológica antes que con una legislación más amplia.
Por último, en otro tema de gran trascendencia, la controversia con Chile por los límites marítimos, se encuentra que alrededor de la mitad de la ciudadanía se considera informada sobre el tema. Entre ellos, la gran mayoría considera que el Perú debe cumplir y cumplirá el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sin embargo, casi tres de cada cuatro temen que Chile no quiera cumplir el fallo, si éste le es desfavorable.

(Alfredo Torres G.)

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